Es curioso. Tras otra tregua fallida, toneladas de crispación, esperanzas, buenos deseos y cartelitos de “en mi nombre sí” o “en mi nombre no” , parece que las tesis policiales del partido popular se han impuesto en las altas esferas del gobierno socialista.
La ilegalización de ANV en nada va a cambiar el conflicto vasco y abordar el problema de ETA como si se tratara de delincuentes comunes es un claro ejercicio de miopía.
Tomemos como ejemplo el famoso discurso de la alcaldesa de Hernani, ese en el que se descolgó pidiendo un fuerte aplauso para dos presuntos etarras con delitos de sangre. Puestos a actuar ¿dónde situaremos el límite del delito?
¿En la alcaldesa? ¿En los muchos que aplaudieron sus palabras durante el acto? ¿En los 42 alcaldes de ANV? ¿EN sus 4.339 concejales? ¿O en las decenas de miles de personas que les votaron? ¿Son todos ilegales? ¿Enchironamos a toda la izquierda Abertzale?
Ni cabrían en las cárceles ni, desde luego, su paso por las rejas modificaría un ápice sus convicciones. Para colmo, si acallamos su voz en las instituciones, a los simpatizantes de la izquierda abertzale no les quedará otro camino que morderse la lengua -¿Alguien lo cree?- o echarse al monte.
Dicho esto, es justo reconocer hasta qué punto ANV se lo ha puesto fácil al gobierno, pues la organización vasca no ha hecho nada, absolutamente nada, por demostrar su independencia como partido -antes al contrario- y su rechazo a la violencia como forma de superar el conflicto vasco, los dos mínimos que se le exigían. Un enroque en el que se mezcla soberbia y estrechez de miras y que sólo sirve para radicalizar aún más a sus seguidores, en tiempos en los que, por el bien de todos, se necesitaría justo lo contrario.
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