La huelga de transportes. Cuando perro sí come perro

Los transportistas exigen al gobierno la creación de una tarifa mínima que regularice los costes del transporte como requisito irrenunciable para desconvocar el paro.

Que en un mercado de libre concurrencia los huelguistas exijan que el estado regule los precios de una actividad privada, evidencia tanto la inocencia de los convocantes como su miopía a la hora de reconocer a los verdaderos culpables de su situación.

Los transportistas ni son funcionarios ni dependen del estado. Son trabajadores, en su mayoría autónomos, que prestan sus servicios a las empresas privadas de transporte que les contratan, ya de forma esporádica o permanente. Su actividad sólo está regulada por la oferta y la demanda,. Y son ellos quienes, desde su independencia profesional, deciden aceptar o no las condiciones que les ofrecen sus empleadores.

El problema surge cuando la oferta supera a la demanda.

La atomización de este sector ha provocado una competencia feroz entre estos profesionales, agravada además por la crisis, lo que les lleva a aceptar trabajar condiciones ruinosas, tanto en emolumentos como en períodos de cobro, que llegan a los 180 días f.f. Todo para mayor gloria de sus empleadores, que no dudan en aumentar sus márgenes a costa de este canibalismo feroz.

Por tanto, más que cargar contra el gobierno, lo que deberían hacer los transportistas es actuar contra sus explotadores reales, las grandes egresas de logística. ¿Cómo? Boicoteando a aquellas compañías que paguen a más de 30 días o que oferten tarifas claramente insuficientes. Crean que muchos de estos emporios no durarán ni un mes.

Pero para esto haría falta unidad, un término impensable en un gremio en el que, sea por ignorancia, insolidaridad o pura necesidad económica, perro SÍ come perro

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